El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a casi siete décadas de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), al determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I permanecía paralizada desde noviembre de 2023.
La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, y ordenó la terminación de los contratos de concesión suscritos hace casi 70 años, en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.
- La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación.
Según una nota de prensa, uno de los elementos determinantes fue que las operaciones productivas de Quisqueya estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería. A esto se sumó que Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
Para el tribunal, esas faltas comprometían obligaciones directamente vinculadas con el propósito de la concesión: explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.
El TSA también consideró que la inactividad de la concesión afectaba el interés general asociado al aprovechamiento de los recursos mineros nacionales, por lo que entendió que los incumplimientos tenían la gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos.
- Con su decisión, el TSA rechazó también los argumentos mediante los cuales las empresas recurridas procuraban que la acción fuera declarada inadmisible.
En el proceso decidido por el TSA, el Estado dominicano estuvo representado por el Fonper y asistido legalmente por los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, de la firma León & Raful, según la información compartida.
El impacto de la paralización
La decisión judicial se produce después de una paralización que tuvo un fuerte impacto laboral y económico en la provincia Monseñor Nouel.
Más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones mediante la intervención del Fonper. Otro grupo de exempleados, desvinculado en marzo de 2026, mantiene reclamaciones laborales que sus voceros estiman en unos 300 millones de pesos.
La actividad minera llegó a sostener más de mil empleos directos y generó una red de contratistas y suplidores en la provincia. Acreedores han estimado en más de 100 millones de dólares las obligaciones pendientes con más de un centenar de empresas vinculadas a la operación.
El cese de las actividades también provocó una reducción significativa de la circulación de efectivo en Monseñor Nouel, de acuerdo con planteamientos del sector empresarial local.
La concesión y la reestructuración siguen caminos distintos
La terminación de la concesión minera no equivale a la liquidación de Falcondo. El proceso de reestructuración mercantil de la empresa, iniciado bajo la Ley 141-15 a instancia de sus acreedores, continúa por una vía judicial independiente.
Ese procedimiento deberá determinar el tratamiento de las acreencias y demás pasivos de la compañía, mientras que la decisión del TSA se limita a los contratos mediante los cuales el Estado había otorgado la concesión de Quisqueya I.
