El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) defendió la transparencia del proceso de licitación para el suministro del almuerzo escolar durante los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028, al asegurar que las adjudicaciones se realizaron bajo criterios previamente establecidos y mediante mecanismos de evaluación y asignación automatizados.
La institución informó este lunes que el proceso concluyó con 1,729 adjudicaciones, luego de que los oferentes participantes fueran sometidos a evaluaciones legales, financieras, técnicas y de debida diligencia.
De acuerdo con el Inabie, 2,644 oferentes participaron en la licitación, desarrollada mediante 34 procesos dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales de las provincias del país, el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.
La inversión estimada para los contratos asciende a 58,000 millones de pesos.
Inspecciones presenciales
Uno de los elementos que la institución destaca para sustentar la trazabilidad del proceso son las inspecciones realizadas a las cocinas de los oferentes.
El Inabie indicó en un documento enviado a la prensa que equipos de peritos acudieron presencialmente a las instalaciones para verificar las condiciones sanitarias, operativas y de infraestructura, además de la capacidad instalada para producir los alimentos.
Las evaluaciones, según explicó, fueron realizadas conforme a los estándares de Buenas Prácticas de Manufactura y quedaron respaldadas mediante evidencias fotográficas, audiovisuales y georreferenciadas.
La información recopilada durante esas visitas forma parte del expediente de evaluación de cada participante, afirmó la institución.
Un sistema digital hizo la asignación
En el comunicado, el Inabie informó que la distribución de los grupos de escuelas entre los suplidores habilitados no fue realizada de manera discrecional.
La institución explicó que, una vez completadas las etapas de evaluación y habilitación, un sistema digital asignó automáticamente los grupos de escuelas, aplicando los criterios de distancia establecidos previamente en el pliego de condiciones.
Entre esos parámetros estaba el cálculo de la distancia promedio entre los grupos referenciales de escuelas y las cocinas más cercanas de los oferentes que habían sido habilitados.
«Este mecanismo permitió que las adjudicaciones respondieran a las reglas definidas desde el inicio del procedimiento y no a decisiones particulares», sostuvo el Inabie.
Controles durante la ejecución
La institución también aseguró que las inspecciones realizadas antes de la adjudicación no constituyen el único mecanismo de fiscalización.
Según el Inabie, existen controles que pueden activarse durante cualquier etapa del procedimiento, incluida la ejecución de los contratos, con el propósito de comprobar que los suplidores mantengan las condiciones que permitieron su habilitación.
En caso de detectar desviaciones, agregó, podrán adoptarse las medidas correspondientes.
El instituto afirmó que mantiene una política de integridad institucional y de cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas, por lo que cualquier actuación que contravenga esos principios será tratada conforme al marco legal vigente.
Con esta explicación, Inabie respondió a la denuncia que, a través del abogado Juan Antonio Capellán, realizaron este lunes empresarios que participaron en la licitación. Según denunció Capellán, personal del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) «cobraba de 20 a 25 millones de pesos» para supuestamente licitar cocinas de almuerzo escolar que no existen. En su denuncia dijo que habilitaron cocinas que estaban inhabilitadas.
Capellán también denunció presuntas irregularidades en las licitaciones para la confección de zapatos escolares.
El abogado adelantó que emprenderá acciones legales contra el Inabie.
