El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, aseguró este jueves que el sistema judicial dominicano se ha fortalecido con el uso de plataformas digitales, con más de 33,000 usuarios registrados y la emisión de más de cinco millones de documentos con firma digital, como parte del proceso de modernización de la justicia.
Molina explicó que la digitalización, establecida mediante una nueva ley, permitió a ciudadanos y operadores del sistema acceder a los tribunales de manera remota a través de un portal, lo que facilita los trámites y mejora el acceso a la justicia en todo el país.
El magistrado ofreció estas declaraciones durante una visita al Congreso Nacional, donde presentó a los legisladores los avances, retos y proyecciones del sistema judicial dominicano en el período 2019-2025.
Según indicó, la implementación de la Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales ha sido clave para extender progresivamente la justicia digital y reducir la necesidad de trámites presenciales en los tribunales.
Las reformas
Además de la transformación tecnológica, el presidente de la SCJ destacó que las reformas implementadas han contribuido a mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Señaló que, tras la entrada en vigencia de la Ley 2-23 sobre Procedimiento de Casación, se logró eliminar la mora histórica en la Suprema Corte de Justicia y resolver decenas de miles de expedientes acumulados antes de 2024.
Agregó que esta cultura de eficiencia se ha extendido a nivel nacional, lo que ha permitido que más del 80 % de los tribunales del país se encuentren al día en el conocimiento de los casos, reduciendo procesos que antes tomaban años a solo días.
Molina también resaltó la coordinación entre el Poder Judicial y el Congreso Nacional para la aprobación de iniciativas que han fortalecido el sistema de justicia, entre ellas la ley de casación, la normativa sobre uso de medios digitales y el diálogo para la reforma del Código Procesal Penal.
Durante el encuentro, el juez presidente informó que actualmente se trabaja junto al Congreso en otras iniciativas legislativas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de simplificación de procesos judiciales, la actualización de la normativa de Registro Inmobiliario y la eliminación de tasas judiciales, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a la justicia.
