El abogado Julio Cury pidió al Congreso Nacional abrir una investigación sobre los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que el reglamento aprobado por ese organismo para regular las encuestas electorales podría constituir una extralimitación de sus facultades constitucionales y eventualmente una falta grave susceptible de juicio político.
Se refiere a la Resolución 14-2026, del 22 de mayo de 2026, que contiene el “Reglamento que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral”, aprobado por unanimidad por los cinco integrantes del pleno de la JCE.
El punto cuestionado es su artículo 13, que prohíbe publicar o difundir encuestas con fines electorales antes del inicio de la precampaña, fijado para el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. La disposición contempla, además, la suspensión del registro de la encuestadora entre seis meses y un año y su cancelación definitiva en caso de reincidencia.
Cury sostiene que esa prohibición entra en conflicto con el artículo 216 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, que prohíbe publicar encuestas únicamente durante los ocho días anteriores a las elecciones y permite divulgar antes de ese plazo las realizadas previamente.
Principio de legalidad
A juicio del jurista, la JCE habría convertido mediante reglamento en infracción una conducta que la ley permite, pese a que las sanciones administrativas están sometidas al principio de legalidad. Recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido que la potestad reglamentaria no permite a un órgano administrativo sustituir al legislador.
Cury plantea que el Congreso constituya una comisión especial para determinar quiénes aprobaron la disposición, qué objeciones constitucionales conocieron y las razones por las cuales mantuvieron la prohibición. No reclama una destitución automática, sino investigar si la actuación alcanza la categoría de falta grave que constitucionalmente podría dar lugar a un juicio político.
Diversas organizaciones y actores de la vida nacional solicitaron a la Junta revisar la normativa por considerar que restringía derechos fundamentales. Entre ellos, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), dijo que el organismo electoral debe ejercer su potestad dentro de los límites establecidos por la Constitución.
