El expresidente de la República Leonel Fernández planteó la necesidad de abrir a toda la sociedad la discusión sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional y consideró que todavía existe tiempo para revisar y corregir aspectos de la iniciativa señalados por especialistas.
Fernández hizo el planteamiento durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (Cesede), en el que fueron analizados distintos aspectos del proyecto de ley.
Fernández indicó que la reforma al Código Penal permaneció en discusión durante cerca de 30 años sin que gran parte de la sociedad prestara suficiente atención a su contenido, hasta que algunos aspectos comenzaron a trascender cuando el proceso se acercaba a su etapa final.
A su juicio, esa experiencia demuestra la necesidad de una mayor socialización entre el Congreso Nacional y la sociedad sobre proyectos de especial trascendencia.
El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), sostuvo que el debate permitió identificar fortalezas que pueden ser rescatadas y debilidades estructurales que deben ser corregidas.
También afirmó que existe consenso sobre la necesidad de una reforma policial, pero consideró que la discusión debe centrarse en qué tipo de reforma necesita el país y en qué medida contribuirá a mejorar la prevención de la criminalidad.
Mediante una nota de prensa, se informó que el conversatorio reunió a legisladores, académicos, juristas, comunicadores, exjefes y ex altos oficiales de la Policía Nacional, entre otras personalidades, quienes examinaron la iniciativa desde sus dimensiones constitucional, legal, económica, de estructura y mando policial, así como su impacto sobre la seguridad ciudadana.
Prevención y reforma
Fernández señaló que los proyectos discutidos en el Congreso en ocasiones no trascienden suficientemente hacia la sociedad.
En ese sentido, destacó que el objetivo de cualquier reforma debe ser garantizar una respuesta eficaz frente a la criminalidad y, especialmente, fortalecer la prevención y reconoció los avances alcanzados por la Policía Nacional en materia de investigación criminal.
Fernández también consideró inconstitucional que la administración de fondos públicos de una institución estatal pueda quedar en manos de particulares y valoró la discusión sobre la diferencia entre la investigación penal preparatoria, correspondiente al Ministerio Público, y la investigación criminal de los hechos, atribuida a la Policía.
Observaciones al proyecto
La directora del Cesede, Josefina Reynoso, explicó que existe consenso sobre la necesidad de reformar la Policía Nacional, pero señaló que la cuestión fundamental es determinar si el proyecto depositado en el Congreso cumple con los estándares constitucionales, legales, técnicos e institucionales requeridos para una transformación de esa magnitud.
La especialista sostuvo que una reforma legislativa debe evaluarse tomando en cuenta la solidez jurídica, económica e institucional de su contenido.
De su lado, el exjuez de la Suprema Corte de Justicia, José Alberto Cruceta Almánzar, presentó una relación de contradicciones constitucionales que, según explicó, incluye disposiciones sobre el retiro de oficiales, debido proceso, tutela judicial efectiva, régimen disciplinario y la delegación mediante reglamentos de asuntos que deberían estar establecidos directamente en la ley.
Asimismo, la jurista Vanahí Bello Dotel identificó 33 defectos de técnica legislativa, entre ellos contradicciones internas, vacíos, redundancias y excesos de delegación reglamentaria.
Investigación policial
El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, planteó avanzar hacia una policía técnica especializada en investigación bajo la dependencia funcional del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional concentraría mayores esfuerzos en prevención y patrullaje.
En una posición distinta, el teniente general retirado y exjefe de la Policía Bernardo Santana Páez defendió las facultades investigativas de la institución.
Santana Páez consideró necesario diferenciar la investigación policial preliminar de la investigación penal preparatoria, esta última bajo responsabilidad del Ministerio Público.
El también exjefe policial Rafael Guillermo Guzmán Fermín cuestionó la estructura de mando contemplada en el proyecto.
Advirtió que incorporar una dirección financiera encabezada por personal civil con capacidad decisoria podría generar centros de poder paralelos y afectar el principio de unidad de mando.
El análisis del Cesede también advierte que el proyecto introduce estructuras que podrían fragmentar la cadena de mando y permite el ingreso de personal civil sin carrera policial a posiciones de alta jerarquía en áreas sensibles como la financiera-administrativa.
Nuevos desafíos
El profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, realizó un análisis comparado y reconoció la utilidad de estudiar experiencias internacionales.
No obstante, planteó que estas deben adaptarse a la realidad dominicana y que es necesario fortalecer aspectos como el control externo, la transparencia y la respuesta frente a nuevas modalidades de criminalidad.
Gamarra también advirtió sobre la necesidad de incorporar mayores mecanismos de control y rendición de cuentas, además de previsiones frente a las nuevas amenazas que enfrenta la seguridad.
En ese sentido, llamó la atención sobre los desafíos vinculados al crimen organizado, la seguridad en los puertos, los delitos digitales y la situación fronteriza, aspectos que consideró fundamentales para que la reforma responda a la realidad actual del país.
