La Secretaría de Justicia de la Fuerza del Pueblo (FP) acusó este miércoles al Gobierno de crear una crisis de confianza e incertidumbre legal mediante el desacato a sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el uso de su mayoría en el Congreso Nacional para aprobar o modificar leyes en función de intereses coyunturales e, incluso, de situaciones particulares.
Durante el acto de presentación oficial de la Secretaría de Justicia del partido y del informe preliminar “Estado de Derecho, Sistema de Justicia y Dignidad Humana en la República Dominicana”, la organización opositora sostuvo que el país atraviesa una «crisis de confianza» provocada por una práctica legislativa que calificó de «reactiva, improvisada y subordinada» a la agenda del Poder Ejecutivo.
Hotoniel Bonilla García es el titular de esa secretaría y fue quien habló este miércoles.
La FP afirmó que la mayoría oficialista en el Congreso ha permitido impulsar reformas legales que, a su juicio, responden a decisiones previamente adoptadas por el Gobierno, lo que —aseguró— debilita la institucionalidad, genera inseguridad jurídica y afecta la confianza de los ciudadanos y de los sectores productivos.
Bonilla afirmó que durante los últimos años el Gobierno ha impulsado modificaciones sucesivas a importantes leyes nacionales, muchas de ellas poco tiempo después de haber sido aprobadas o para responder a intereses específicos, situación que aseguró, ha provocado una creciente inestabilidad normativa.
Entre los ejemplos citó las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la legislación sobre fideicomisos públicos, la Ley 66-23 para la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y las recientes modificaciones al Código Penal.
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Desacato de sentencias
Entre los casos citados, mencionó las modificaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, la aprobación de la ley sobre fideicomisos públicos, la Ley 66-23 que permitió extender el contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los cambios introducidos al Código Penal antes de su entrada en vigor.
La organización también denunció que el Gobierno desacata la sentencia TC/1003-2023 del Tribunal Constitucional, al asegurar que continúa cobrando la tasa de 10 dólares por concepto de tarjeta de turista pese al criterio fijado por la alta corte. Asimismo, cuestionó el aumento de la tasa de salida del país y criticó la aprobación de la Ley 1-24 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Monitoreará cumplimiento de setencias del TC
Ante ese panorama, la Secretaría de Justicia de la Fuerza del Pueblo anunció la creación de un mecanismo para monitorear el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y vigilar actuaciones que, según indicó, puedan comprometer la independencia judicial, la seguridad jurídica y el Estado de derecho.
La organización informó además que impulsará una agenda de reformas para fortalecer el sistema de justicia, defender la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público, al tiempo que dará seguimiento a casos relacionados con derechos fundamentales y actuaciones de los organismos de seguridad del Estado.
Seguridad ciudadana y desapariciones
Durante su intervención, Bonilla también manifestó preocupación por la situación de la seguridad ciudadana y aseguró que, seis años después del inicio de la actual administración, el país continúa sin contar con una estrategia integral para enfrentar la delincuencia y la criminalidad.
Indicó que miles de familias dominicanas viven la incertidumbre de tener familiares desaparecidos sin recibir respuestas oportunas de las autoridades, mientras persisten debilidades en los sistemas de búsqueda, investigación y estadísticas oficiales.
- Igualmente, expresó preocupación por las muertes de ciudadanos durante actuaciones de agentes de la fuerza pública y sostuvo que cada uno de esos casos debe ser investigado con absoluta independencia, transparencia y apego al debido proceso.
Bonilla consideró además que el sistema penitenciario requiere una profunda recuperación para retomar su función de rehabilitación y reinserción social, con políticas orientadas a reducir la reincidencia delictiva y fortalecer la prevención del crimen.
