El Estado es uno de los tres principales empleadores del país, pero no sabe cuántos trabajadores realmente tiene. La razón: no hay una interconexión entre las instituciones públicas para contarlos. Ante esto, el Ministerio de Administración Pública (MAP) desarrolla una auditoría presencial, en terreno, para verificar si son todos los que están y todos los que son.
En la Tesorería de la Seguridad Social, la Administración Pública ronda los 700,000 cotizantes. Pero el ministro del MAP, Sigmund Freund, no extrapola esa cifra como el total de trabajadores.
“No son 780,000, son menos. ¿Qué tantos? Tampoco te lo puedo decir”, dijo Freund ayer a un grupo de editores y ejecutivos de medios de comunicación con quienes pasó revista a sus dos años frente al MAP.
Informó que cuando terminen un sistema de integración de las planillas del personal estatal, la desconexión institucional se subsanará, al menos en las entidades que abarca.
Mientras eso transcurre, tres firmas de auditores auscultan las nóminas públicas. El levantamiento se prevé concluir a diciembre de este año.
Y como empleador, el propio Estado evalúa su clima organizacional. Según Freund, hay inconformidad por las condiciones laborales. También por las distorsiones en la escala salarial, atada a una ley de salarios que no se ha actualizado. Así un ministro de Estado gana menos que otro funcionario de igual valía, pero se debe conformar con un sueldo congelado.
