El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la solicitud de extinción de la acción penal en el caso de presunta corrupción que se le sigue al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y mantener su propio criterio cuando denegó la misma petición en el caso de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, le recordó al Segundo Tribunal Colegiado su rechazo a declarar extinguido el proceso contra los hermanos Medina Sánchez, a pesar de que el expediente superaba los cuatro años.
Ortiz subrayó que un criterio similar fue aplicado recientemente por el Primer Tribunal Colegiado en el caso del mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros militares, cuya duración ya excedía los cinco años.
Sostuvo, además, que las diferentes salas de la corte, instancias superiores, y el mismo Tribunal Constitucional ya han establecido que al momento de valorar el plazo máximo de los procesos penales “se debe tomar en cuenta la complejidad del caso previamente declarada por un juez competente, las conductas de las partes frente al proceso y la negligencia o efectividad de las autoridades”.
En ese sentido, Ortiz afirmó que la actuación del Ministerio Público no merece una sanción o el castigo por ese caso, de acogerse la solicitud de Rodríguez de cesar la acción penal en su contra.
Asimismo, citó la declaratoria de complejidad del expediente contra Rodríguez y demás acusados, a través de la resolución que impuso la medida de coerción a los procesados en el 2021.
La directora de la Pepca agotó su turno de réplica a los planteamientos de la defensa del exfuncionario, que insiste en que la persecución ya superó el tiempo máximo de los cuatro años que establece el Código Procesal Penal, al sobrepasar el lustro.
Al respecto, Ortiz explicó que, aunque la Ley 95-25 del Código Procesal Penal fija en su artículo 150 la duración máxima del proceso, el párrafo sexto de dicho ordinal remite directamente al artículo 146 sobre el plazo razonable.
Este mandato legal, insistió, obliga a los juzgadores a ponderar de forma independiente factores como la complejidad del caso declarada judicialmente, la conducta de las partes y la efectividad de las autoridades, sin que sea necesario que concurran las tres causales simultáneamente para justificar la continuidad de la acción penal.
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Niega que dilaciones sean de fiscales
En la réplica del Ministerio Público expuso también el fiscal Enmanuel Ramírez, quien recordó “la magnitud del proceso”, con una acusación de 12,274 páginas, el sometimiento de “62 acusados, 441 testimonios, 77 pruebas periciales, 2,876 pruebas documentales y 168 pruebas materiales”.
Ramírez refutó las afirmaciones de la defensa de Jean Alain, que acusa al órgano persecutor de ser el causante de las dilaciones del caso, al afirmar el miembro del Ministerio Público “que gran parte del tiempo transcurrido se explica por solicitudes de aplazamiento, incidentes, recusaciones, recursos de apelación y de casación promovidos” por los abogados del exfuncionario y la mayoría declarados inadmisibles.
Asimismo, señaló que la propia defensa solicitó amplios plazos para examinar las pruebas y pidió la entrega física de la totalidad del expediente, alegando la naturaleza excepcional del caso.
Según expuso, existen resoluciones judiciales que contradicen dichas imputaciones contra la Pepca y “que confirman que los aplazamientos respondieron a razones justificadas para garantizar el derecho de defensa de todas las partes”.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto recesaron la audiencia para el próximo lunes a las 10:00 de la mañana.
