La minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) sigue atrapada en un proceso legal, motivado por su insolvencia y parálisis operativa, una situación a la cual se añade un nuevo ingrediente: 82 de sus últimos empleados exigen el pago de sus prestaciones, luego de que la compañía terminara sus contratos de trabajo el pasado 2 de marzo.
Uno de los trabajadores afectados, que sirvió de vocero, pero que prefirió el anonimato, reveló que el monto adeudado al grupo ascendería a los 300 millones de pesos.
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De forma previa, a través de un espacio pagado, denunciaron que Falcondo excusa su incumplimiento amparada en que notificó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Ministerio de Trabajo sobre la intención de utilizar los créditos a favor de la empresa por concepto de impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) para cumplir con las prestaciones laborales correspondientes.
Sin embargo, aunque la DGII manifestó estar de acuerdo con la liberación de los fondos, condicionó la acción a la decisión del tribunal de reestructuración mercantil, proceso al cual se acogió la minera el mismo mes en el cual fueron cancelados los empleados.
El extrabajador informó que en el grupo hay antiguos compañeros de todas las áreas: seguridad, bomberos, secretarias, financieros y de operaciones.
Explicó que la compañía les pidió que continuaran laborando “porque entendía que nosotros éramos el capital humano con el expertise para poder ayudar a un eventual comprador o un nuevo inversionista a reiniciar las operaciones. Era el plan que se tenía: reiniciar la operación de ferroníquel”.
“En la mina (en la actualidad) se tiene a la parte de la seguridad y ciertas operaciones básicas, que fueron subcontratadas por la empresa para mantener cosas mínimas, mantenimiento muy mínimo”, indicó.
Proceso legal
Falconbridge está en medio de un proceso legal de reestructuración mercantil, que según el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) fue motivado por la institución, tras recibir un mandato del presidente Luis Abinader para que represente al Estado dominicano, que posee una participación accionaria en la compañía.
Como parte de las medidas derivadas de la orden presidencial y del requerimiento del Ministerio de Energía y Minas, el Fonper indicó que procedió con la contratación de un consultor minero especializado en operación, costos y procesamiento pirometalúrgico de ferroníquel (FeNi), a fin de obtener un diagnóstico técnico independiente sobre la situación actual de Falcondo.
Así está contenido en la memoria anual, correspondiente a 2025, del Fonper, en la cual se establece que la minera sufre una gravedad de insolvencia, el cese abrupto de operaciones, el incumplimiento de obligaciones laborales, la afectación a las comunidades locales y los riesgos asociados a la conservación de activos estratégicos, razones que llevaron al presidente Abinader a delegar la representación temporal del Estado en la entidad.
