A pocas semanas de su entrada en vigor, el Código Penal vuelve a concentrar el debate público por las disposiciones que, según influencer, comunicadores y otros críticos, podrían tener implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
La normativa ha sido calificada por algunos sectores como “Ley de Mordaza”, porque consideran que algunos mandatos podrían limitar derechos constitucionales a la ciudadanía como la capacidad de expresarse libremente.
De acuerdo con críticos de la legislación, esta preocupación se centra en artículos como el 208, que establece como difamatoria la imputación pública de un hecho preciso o concreto que afecte el honor, el buen nombre, la imagen, la dignidad o la integridad familiar de una persona física o jurídica. Sin embargo, señalan que la redacción promulgada no establece expresamente que el hecho divulgado deba ser falso.
Lo establecido en la ley generó un intercambio de ideas entre la periodista Laura Castellano y monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa durante la transmisión del lunes 13 de julio del programa Matinal, de Telemicro, especialmente sobre la divulgación de la vida privada de los funcionarios públicos, los límites del interés colectivo y el riesgo de convertir la intimidad en contenido.
- El debate también llegó a las redes sociales, donde generó múltiples reacciones entre seguidores de las plataformas digitales de Diario Libre.
Qué dice el público
Las opiniones estuvieron divididas entre quienes consideran que la vida personal de los funcionarios debe ser de interés público y quienes entienden que los aspectos privados no deben ser expuestos cuando no representan un daño directo al Estado o al ejercicio de sus funciones.
Para la usuaria de Instagram @pinalesescarlen, la vida privada de los funcionarios no es un asunto relevante; sin embargo, considera que se pueden cuestionar aspectos de su conducta personal cuando influyen en la toma de decisiones públicas.
“Por ejemplo, un traidor nunca va a apoyar una ley que condene al traidor. Así como un violador estará nervioso cuando se hable de penas severas ante estos casos si él lo está haciendo. Y muchos ejemplos más. En conclusión, sus decisiones se verán sesgadas por su diario vivir; y si considera que traicionar, ocultar o mentir es algo normal, pues así lo hará con todo lo demás”, expresó.
El usuario @serfisard también considera que la vida personal de un funcionario no debe ser noticia, salvo cuando sus acciones tengan relación con el manejo de los recursos del Estado.
“La noticia principal es cuando dan una botella, asignan combustible y compran apartamento con el dinero del pueblo”, precisó.
No obstante, para la usuaria @juanacelestep, los asuntos personales de los funcionarios sí deben ser de interés para la población, al considerar que determinadas conductas privadas pueden reflejar aspectos de su carácter.
“La fidelidad conyugal demuestra la calidad de hombre que es; si traicionó a su esposa, que impide que traicione su país. No sé cómo la gente ve un acto de infidelidad como una situación normal. Hasta los empresarios honestos de verdad no hacen negocios con un hombre infiel, razón lógica: si traiciona con la mujer que dice amar, que se puede esperar de él hacia sus colegas empresariales”, comentó.
La seguidora @mayrabreton también considera que estos temas deben ser discutidos. A su entender, un funcionario con una vida marcada por excesos o gastos que no puede justificar podría generar cuestionamientos sobre su capacidad para administrar los recursos públicos.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal, promulgado mediante la ley 74-25, está prevista para el próximo 3 de agosto.
Ante las críticas generadas por la normativa, que incluso provocaron el resurgimiento de los cacerolazos y una manifestación pacífica en los alrededores de la Plaza de la Bandera, el presidente Luis Abinader informó que el Poder Ejecutivo depositó el pasado viernes ante el Congreso Nacional una serie de modificaciones consensuadas con especialistas.
El mandatario explicó que el objetivo de los cambios propuestos es lograr un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión con la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
