El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) destruyó cerca de 20 toneladas de productos alimenticios vencidos, adulterados y no aptos para el consumo humano que fueron incautados durante un operativo llevado a cabo en San Cristóbal.
Según la entidad, la mercancía era reetiquetada y sometida a la alteración fraudulenta de sus fechas de vencimiento para ser vendidas nuevamente al público, lo que a juicio de Eddy Alcántara, director ejecutivo del organismo, representaba un grave riesgo para la salud de los consumidores.
El funcionario explicó que la destrucción de los productos constituye la etapa final del proceso iniciado con las inspecciones e intervenciones realizadas en conjunto con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom) y el Ministerio Público, para garantizar que esa mercancía no vuelva a ingresar al mercado.
Proceso judicial
Pro Consumidor indicó que, como resultado de los operativos, fue arrestado y sometido a la justicia Randy García, propietario de los establecimientos intervenidos, quien actualmente cumple una medida de coerción.
No obstante, agregó que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta red dedicada a la práctica ilegal.
Entre los productos destruidos figuraban alimentos de consumo masivo, artículos de consumo preferencial y otros productos de uso cotidiano que habían sido manipulados para aparentar estar aptos para la venta, con el objetivo de engañar a los consumidores.
«Con esta destrucción concluimos un proceso que inició con las inspecciones y operativos. Hemos eliminado cualquier posibilidad de que esos productos regresen al mercado y continúen poniendo en peligro la salud de la población», afirmó Alcántara.
El director de Pro Consumidor advirtió que las autoridades mantendrán una vigilancia permanente para combatir este tipo de prácticas.
Asimismo, reiteró que continuarán fortaleciendo las labores de inspección y fiscalización en todo el territorio nacional para detectar y sancionar cualquier acción comercial que ponga en riesgo la salud de la población y vulnere los derechos de los consumidores.
