La comisión de educación del Senado estudia un proyecto de ley que busca prohibir que las universidades condicionen la entrega, expedición o legalización de títulos universitarios y otros documentos académicos al pago de la ceremonia de graduación o de cualquier otro gasto relacionado con la investidura.
La iniciativa modifica la Ley 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para establecer que la participación en las ceremonias de graduación tendrá carácter «estrictamente voluntario» y que ningún estudiante podrá ser privado de recibir su título por decidir no participar en esos actos o por no asumir los costos asociados.
De aprobarse, las universidades no podrían exigir el pago de cuotas o cargos por concepto de investiduras, alquiler de toga, fotografías oficiales, transmisiones, celebraciones, actividades protocolares o cualquier otro concepto similar como requisito para entregar el título o cualquier documento que acredite la culminación de los estudios.
Además, el proyecto, propuesto por el senador Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia), establece que las ceremonias de graduación continuarán realizándose y reconoce su valor como una tradición universitaria que permite a las instituciones reconocer públicamente el esfuerzo académico de sus egresados.
Sin embargo, dispone que asistir a esos actos será “una decisión exclusiva del estudiante” y que la negativa a participar no podrá afectar su derecho a recibir el título.
Asimismo, señala que los pagos relacionados con las ceremonias solo podrán ser requeridos a quienes voluntariamente decidan asistir y deberán corresponder exclusivamente a los costos de organización de esas actividades.
Entrega del título
La propuesta establece que los estudiantes que hayan cumplido los requisitos académicos, administrativos y financieros de su programa de estudios tendrán derecho a recibir sus títulos y diplomas, independientemente de que participen o no en la ceremonia de graduación.
Además del título universitario, la prohibición también abarcaría la expedición y legalización de certificaciones académicas finales y cualquier otro documento que acredite la conclusión de los estudios superiores.
El incumplimiento de estas disposiciones sería sancionado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), conforme a lo establecido en la ley y sus reglamentos.
Argumentos del proyecto
En la exposición de motivos, el autor de la iniciativa sostiene que en distintas instituciones de educación superior se han establecido cobros relacionados con investiduras, alquiler de toga, medallas, fotografías oficiales, transmisiones y otros servicios vinculados a las ceremonias de graduación, lo que “generó en algunos casos cargas económicas significativas para los estudiantes y sus familias”.
El proyecto plantea que debe diferenciarse entre los costos administrativos legítimos para la expedición del título y los gastos derivados de actividades ceremoniales o protocolares, cuya participación considera una decisión personal de cada graduando.
También argumenta que el derecho a recibir el título universitario nace desde el momento en que el estudiante cumple con los requisitos académicos y administrativos establecidos por la institución, por lo que ese derecho no debe quedar subordinado al pago de actividades que no forman parte de las exigencias académicas para obtener el grado.
