Unos 400 trabajadores de la empresa DeKolor S.R.L. se encuentran en un limbo jurídico y económico tras quedar en medio del proceso judicial abierto contra José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros implicados en la denominada Operación Camaleón.
Mientras el Ministerio Público describe un supuesto esquema de corrupción y sustracción de fondos públicos, los empleados denuncian haber sido desvinculados de sus puestos sin el pago de sus prestaciones laborales.
La situación afecta a cientos de familias que aseguran haber sido notificadas de su salida de la empresa mediante mensajes en grupos de WhatsApp, sin recibir documentos formales de despido ni cartas de desahucio.
Despidos por WhatsApp
Testimonios de trabajadores como Mary Dolfy, Ray Álvarez y Onil Jiménez indican que, después de varios años de servicio en la empresa, recibieron la instrucción de no regresar a sus puestos de trabajo. La notificación, según relatan, fue enviada en mensajes de WhatsApp dirigidos a grupos de empleados.
De acuerdo con los trabajadores, se les informó que recibirían el pago de sus prestaciones laborales en un plazo de 10 días laborables a partir del 28 de febrero del presente año. Sin embargo, ese compromiso no se ha cumplido y hasta el momento no han recibido los pagos correspondientes.
Ante la situación, algunos empleados han acudido al Ministerio de Trabajo en busca de orientación. No obstante, el proceso permanece estancado debido a que la empresa no ha presentado los informes laborales requeridos ante las autoridades.
El conflicto de los 730 millones
El centro de la disputa está marcado por una cifra que aparece tanto en la versión de la empresa como en la acusación del Ministerio Público.
La defensa de DeKolor, representada por el abogado Marino Feliz, sostiene que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adeuda a la compañía aproximadamente 735 millones de pesos por servicios facturados. Según esta versión, la empresa no dispone de liquidez para pagar las prestaciones laborales porque el Estado no ha saldado esa deuda.
El propio Jochy Gómez ha afirmado que durante el proceso de desalojo de las instalaciones del Intrant se discutió la posibilidad de una transferencia de 120 millones de pesos destinada específicamente a cubrir pagos laborales, la cual, según su versión, nunca fue ejecutada.
El Intrant, representado en el proceso por el Ministerio Público, niega la existencia de esa deuda.
La acusación del Ministerio Público
En la acusación presentada dentro de la Operación Camaleón, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que a través de la empresa PagoRD Xchange S.R.L., también vinculada a Gómez, se sustrajeron RD$730,405,431.25 del flujo de ingresos del Intrant.
En ese momento, el director del Intrant era Hugo Beras, quien está acusado de presuntamente facilitar adjudicaciones irregulares, favorecer empresas sin capacidad técnica y permitir la manipulación del sistema de videovigilancia y de la red semafórica.
Según la investigación, estos recursos correspondían a pagos realizados por ciudadanos para la tramitación de licencias de conducir y otros servicios que debían ser depositados en la cuenta colectora del Estado.
El Ministerio Público describe este monto como un faltante de ingresos que nunca fueron depositados en las cuentas oficiales.
La acusación del Ministerio Público señala que DeKolor S.R.L. formaba parte de un esquema junto a PagoRD Xchange S.R.L. para drenar recursos públicos.
De acuerdo con la investigación:
- DeKolor habría recibido deudas infladas y proyecciones ficticias de facturación mediante adendas contractuales manipuladas.
- Una de esas adendas habría incorporado proyecciones por casi 936 millones de pesos.
- El esquema incluía la manipulación de contratos relacionados con licencias de conducir.
La empresa, alega el Ministerio Público, operaba bajo el control efectivo de Jochy Gómez, acusado de estafa contra el Estado, falsedad y asociación de malhechores.
En este contexto, la acusación sostiene que ambas empresas funcionaban como instrumentos paralelos dentro de un mismo circuito financiero.
En tanto el caso se resuelve en los tribunales los trabajadores quedan desamparados en el centro de una contradicción financiera y judicial.
Por un lado, la empresa afirma que el Estado le adeuda aproximadamente 735 millones de pesos, dinero que —según su defensa— permitiría pagar las prestaciones laborales de los empleados despedidos.
Por otro lado, el Ministerio Público sostiene que 730,405,431.25 pesos fueron sustraídos de los ingresos del Intrant mediante un esquema fraudulento.
