El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue apoderado para conocer los juicios de fondo de los casos de presunta corrupción administrativa que encabezan los exfuncionarios Donald Guerrero y Hugo Beras, fase del proceso penal que tendrá las primeras audiencias en agosto.
Se recuerda que en el expediente que lidera el exministro de Hacienda, la jueza que conoció la preliminar favoreció con un no ha lugar a los también exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, decisión que todavía no ha sido apelada por el Ministerio Público.
Enfrentarán el juicio de fondo junto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, respectivamente, y cuya primera audiencia será el 19 de agosto.
También forman parte de ese expediente los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, Princesa Alexandra García Medina —quien se desempeñaba como coordinadora técnico administrativa de Hacienda—, y la pareja de esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista, entre los más de 34 imputados que pasaron a la etapa que debe concluir con una absolución o condena.
Fueron enviados a juicio por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, que rechazó la acusación contra el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial peledeísta, Gonzalo Castillo, y el exministro Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Peralta.
En su decisión, Ramírez dictó también un no ha lugar a favor de Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda; Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz.
Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocerán los cargos contra los acusados son Arlín Ventura, quien lo preside; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.
Acusación contra grupo que encabeza Guerrero
Según el Ministerio Público, Guerrero, Piccirillo, Silver Peña y demás acusados en el caso que en un principio se denominó Operación Calamar, desarrollaron una red que utilizó recursos del Estado para realizar pagos irregulares a particulares y financiar actividades políticas, provocando un perjuicio económico de miles de millones de pesos.
La investigación sostiene que los imputados habrían gestionado expropiaciones de tierras, cuyos libramientos de pagos se ejecutaron de manera anómala, sobornos a contratistas y alegadamente incurrieron en extorsión a propietarios de bancas de apuestas.
