La Cámara de Diputados aprobó este lunes, de urgencia, con modificaciones y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Introdujo cambios a las tarifas de contribuciones que hicieron los senadores cuando sancionaron la pieza.
Con los cambios aprobados por la Cámara Baja, el proyecto regresa al Senado, que deberá conocer y decidir sobre las modificaciones durante su sesión de esta semana.
- Con la asistencia de 146 legisladores, la iniciativa recibió 118 votos a favor.
La pieza, conocida durante una sesión extraordinaria, incorpora nuevas modificaciones presentadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, principalmente en la escala de contribuciones que deberán realizar las empresas.
Entre los cambios más relevantes figura una nueva clasificación de los aportes para las personas jurídicas, según sus ingresos anuales.
La propuesta dispone que las empresas con ingresos entre 700,000,001 y 1,000 millones de pesos aporten 750,000 pesos; las que perciban entre 1,000,000,001 y 2,500 millones de pesos paguen 1.7 millones de pesos, y las que superen los 2,500 millones de pesos contribuyan con 2.2 millones de pesos.
- Además, crea una nueva categoría para las personas jurídicas con ingresos de hasta cinco millones de pesos, cuyo aporte será de 5,000 pesos.
La iniciativa también modifica el párrafo IV del artículo 36 para establecer que la contribución será liquidada anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y pagada en dos cuotas semestrales: el 50 % junto con la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 50 % restante seis meses después. La DGII deberá transferir los fondos recaudados a la Tesorería Nacional en un plazo de 30 días, para que esta los deposite en el fideicomiso creado por la ley.
Asimismo, incorpora tres nuevos párrafos al artículo 36. El primero establece que la contribución será deducible de la renta bruta, conforme al Código Tributario; el segundo fija un aporte máximo de 675,000 pesos para las empresas que operen como comisionados o comisionistas, aunque sus ingresos superen los 700 millones; y el tercero dispone que las normas del Código Tributario serán aplicables a la administración de esta contribución.
Otra de las modificaciones crea un régimen transitorio para las empresas cuyo aporte sea superior al establecido en la Ley 98-25, permitiéndoles pagar el monto correspondiente durante el año fiscal 2025.
Finalmente, se incorpora un artículo transitorio para que, de manera excepcional, las personas jurídicas y entidades privadas que aún no hayan realizado el pago de la contribución puedan hacerlo en julio y diciembre de 2026.
Cambios en montos aprobados por el Senado
Las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados reducen parte de los incrementos aprobados previamente por el Senado para las empresas de mayores ingresos e incorporan una nueva categoría para las compañías más pequeñas.
El principal ajuste disminuye la contribución máxima que pagarían las empresas de mayores ingresos y amplía el rango de aplicación del aporte de 1.7 millones de pesos. También aumenta ligeramente la contribución para las empresas con ingresos entre 700 millones y 1,000 millones de pesos.
Cabe recordar que el pasado miércoles el Senado aprobó la iniciativa de urgencia y en dos lecturas consecutivas.
Pacheco defiende el proyecto pese a las críticas
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que la sesión extraordinaria fue convocada para conocer el proyecto, al considerar que representa un avance para el país en materia de gestión de residuos sólidos y eliminación de vertederos a cielo abierto.
«¿Por qué convocamos y no esperamos hasta mañana para conocer este proyecto? Porque mañana vence el plazo para la aplicación de esta ley en su primera etapa, y reconozco que una gran cantidad de sectores ya ha realizado sus pagos ante la Dirección General de Impuestos Internos«, expresó.
Pacheco sostuvo que el Senado realizó una amplia labor de consulta y reconoció que diversos sectores han manifestado inconformidad, aunque aseguró que las modificaciones buscan mantener un esquema ordenado para el pago de las contribuciones.
«El que tuvo el valor de la primera aprobación fue el Senado. Es una ley que genera bastante controversia; sin embargo, debemos admitir que desde 2020, cuando se aprobó la ley, el país ha logrado corregir muchas de las situaciones derivadas de una política inadecuada sobre los residuos sólidos«, afirmó.
Indicó, además, que la Cámara de Diputados incorporó varias sugerencias al proyecto y adelantó que la legislación continuará siendo revisada en el futuro.
Según explicó, el país necesita entre 20,000 millones y 30,000 millones de pesos para resolver de manera definitiva el problema de los residuos sólidos.
«Estamos avanzando. Son medidas que generan cargas, duelen y molestan, sobre todo a los sectores productivos, y nosotros lo reconocemos. Hemos trabajado arduamente con muchos sectores«, manifestó.
Pacheco agregó que, aunque algunas empresas asumirán mayores aportes, la ley también busca beneficiar a una amplia cantidad de personas jurídicas.
«Por eso unos están a favor y otros en contra. Apostamos a que todos los sectores son importantes y queremos que el impacto sea el menor posible, pero el problema de los residuos debemos enfrentarlo entre todos», concluyó.
Artículo 36
La reforma modifica el artículo 36, relativo a la contribución especial para la gestión integral de residuos, al establecer que toda persona jurídica o entidad deberá realizar un aporte obligatorio, para crear un fondo destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos y fortalecer el sistema nacional de gestión.
La iniciativa también mantiene la prohibición de importar sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas de plástico, vasos y otros productos elaborados en poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
Asimismo, dispone que, seis meses después de la promulgación de la ley, se fomentará el uso de sustitutos sostenibles fabricados con papel o cartón reciclado y biodegradable.
En menos de dos semanas y mediante un trámite acelerado, el proyecto de ley sobre residuos sólidos ha recorrido ambas cámaras legislativas en medio de críticas y cuestionamientos del sector empresarial.
