La República Dominicana ha crecido tres veces más rápido que cualquier otro país de América Latina y el Caribe, mostrando una expansión de 4.3 % entre el 2016 y el 2025 y un alza de 6 % en la inversión de capital –fomentada en un 88 % por el sector privado–. Aún así, el incremento de la productividad y el cierre de brechas en materia de infraestructura, talento humano o gobernanza siguen siendo de las tareas más apremiantes para garantizar el desarrollo.
En esto coincidieron las representantes del Banco Interamericano (BID) y el Banco Mundial (BM), Nathalie Alvarado y Carolina Rendón, respectivamente, quienes consideran que tanto las autoridades como el sector privado deben fomentar la competitividad a través de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.
Para Alvarado, la trampa del ingreso medio, la concentración territorial de la producción en dos polos –Santo Domingo y Santiago– y la falta de talento humano especializado que demandan las empresas se encuentran entre las principales limitantes del crecimiento económico del país.
La ejecutiva sostuvo que el país puede aprender de la experiencia de otras naciones, que superaron la trampa del ingreso medio con una apuesta enfocada en productividad, innovación y capital humano. “Yo creo que la República Dominicana se encuentra en ese momento crítico y puede dar el salto hacia la siguiente etapa”, observó.
Brechas estructurales
Aunque el BID señaló cómo el crecimiento económico permitió reducir la pobreza monetaria – de un 35 % en 2016 a un 17 % en el 2025–, el BM recordó que todavía el 40 % de los hogares dominicanos están en situación de vulnerabilidad, mientras que el 35 % de la red vial es susceptible a deteriorarse debido a eventos climáticos.
Además, el 65 % de los hogares urbanos y el 52 % de los hogares rurales tienen acceso intermitente al agua, sumado a un sistema eléctrico deficiente que registra pérdidas de hasta un 38.8 % cada año.
Estos son apenas algunos ejemplos de cómo las brechas estructurales persisten, afectando la productividad y la calidad de vida de la gente, a pesar del crecimiento económico que exhibe el país.
“Este progreso, esta historia de éxito en la República Dominicana ha dejado brechas, algunas de ellas importantes”, puntualizó la representante del BM en el país, Carolina Rendón.
A esto se suman barreras en términos de gobernanza y de políticas públicas.
De acuerdo a los datos del BM, el 18.6 % de las empresas dominicanas encuentra que las tasas impositivas obstaculizan su expansión – unos 6.8 puntos porcentuales más que el 11.8 % promedio en América Latina y el Caribe–, mientras que el 64 % de las compañías compite con firmas informales, mucho más elevado que la media de 57.2 % de la región.
Pero también hay limitantes en términos de la movilización del capital privado.
Mientras el 74 % de la población latina y caribeña tiene acceso a los servicios financieros y el 27 % realiza pagos digitales, en el país el acceso es de solo 51 % y los pagos digitales apenas son usados por el 6 % de la población total.
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En ese sentido, ambas ejecutivas sostuvieron que el país debe enfocar sus esfuerzos en seguir consolidando los pilares económicos que han permitido su crecimiento como construcción, turismo y manufactura.
Asimismo, recordaron que se debe incentivar el desarrollo de nuevos motores económicos con capacidad de generar empleos de calidad, aumentar la formación del capital humano y elevar la productividad y competitividad de cara al futuro como salud, electrónica, servicios modernos y agroindustria.
Meta 2036, una política acertada
Además, tanto Alvarado como Rendón valoraron la perspectiva de largo plazo concertada entre el Gobierno y el sector privado en el proyecto RD Meta 2036.
“Pocos países han hecho una visión de largo plazo con objetivos claros; aquí la pregunta estratégica es dónde concentrar estos esfuerzos para acelerar el impacto y, sobre todo, maximizar los resultados”, ponderó Alvarado.
Rendón observó que las metas planteadas por el Gobierno en diciembre del 2024 –entre las que se encuentra elevar el PIB per cápita, duplicar las exportaciones, ampliar la clase media y mejorar la calidad de vida de cara a los próximos diez años– son válidas, exigentes y necesarias.
No obstante, esto implica mejorar las habilidades formativas de las personas, garantizar empleos de calidad y asegurar reglas de juego claras para que las empresas contribuyan a generar estos puestos de trabajo, elevándose así la competitividad.
Aunque el Poder Ejecutivo promulgó hace seis días la Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, una herramienta que persigue la recaudación de hasta 50,000 millones de pesos a través de la corrección y eliminación de algunos impuestos, las ejecutivas evitaron ofrecer sus valoraciones sobre qué tan acertada encuentran la medida en la coyuntura actual.
Alvarado y Rendón fueron las oradoras invitadas al almuerzo celebrado ayer por la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr). Al darles la bienvenida, la presidenta del Consejo de Directores del gremio, Francesca Rainieri, recordó cómo el país ha demostrado tener la capacidad para atraer inversión, con el reto de seguir consolidando esos avances, fortalecer la competitividad y asegurar que el crecimiento siga generando más oportunidades.
En ese sentido, aseguró que las recientes discusiones sobre el fortalecimiento del marco fiscal y presupuestario del país “deben ser vistas como parte de una conversación más amplia sobre el modelo de desarrollo que la República Dominicana aspira a construir”, a la vez que se fomenta un modelo fiscal que recaude más y mejor, a la vez que mantiene la confianza en el mismo.
