La exvicepresidenta del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, estaría colaborando con el Ministerio Público en la investigación del caso Onco14, una presunta red vinculada a alegadas irregularidades en el manejo de fondos y servicios relacionados con la atención oncológica.
Así lo informó la noche de este martes su abogado, Ricardo Reina.
El togado indicó que Vargas Sánchez ha mostrado disposición de colaborar con las autoridades durante el proceso judicial que se sigue contra los implicados en el presunto fraude millonario cometido en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), pacientes con cáncer y el Estado dominicano.
El jurista explicó que solicitó al tribunal la imposición de prisión domiciliaria para su cliente.
- Dilcia Isabel Vargas Sánchez es la exesposa del principal acusado, Héctor Antonio Lora Cruceta.
Las declaraciones de Reina fueron ofrecidas tras la suspensión de la audiencia de conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados.
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, decidió recesar la audiencia hasta el próximo jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde, debido a lo avanzado de la hora.
Cuando se retome el conocimiento de la medida, está previsto que las partes presenten sus réplicas y contrarréplicas.
Los representantes del Ministerio Público, encabezados por Wilson Camacho, abandonaron la sala de audiencias sin ofrecer declaraciones a la prensa.
Solicitud de medidas
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo contra Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Vargas Sánchez.
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían conformado una estructura fraudulenta dedicada al fraude clínico y farmacéutico mediante la alteración de indicaciones médicas, el uso de sellos falsos, la doble facturación al Senasa y la entrega incompleta de medicamentos a pacientes oncológicos.
El expediente también les atribuye la venta de medicamentos donados, el uso irregular de exoneraciones fiscales para importaciones, tráfico de sustancias controladas, utilización de instalaciones médicas para la realización de cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, así como sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.
Según la acusación, la presunta red operó desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao, desde donde habrían desviado recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer afiliados al régimen subsidiado del Senasa.
