El Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción la apertura a juicio de fondo de todos los imputados del presunto entramado de corrupción administrativa y sobornos en los que figuran los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, y compartes.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que el órgano acusador concluyó sus réplicas en la audiencia preliminar y pidió al tribunal rechazar los incidentes presentados por las defensas y acoger las pruebas depositadas en el expediente.
“Hemos solicitado al tribunal enviar el proceso a juicio, enviar a todos los acusados a juicio, rechazar los incidentes de las defensas y acoger las pruebas del Ministerio Público”, expresó Camacho.
El procurador anticorrupción sostuvo que no existe fundamento jurídico para acoger los planteamientos de las defensas, las cuales —según dijo— se han limitado a emitir opiniones sin refutar los hechos contenidos en la acusación.
“Las defensas, tanto dentro del tribunal como fuera de él, se han limitado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables”, manifestó.
Camacho indicó que las defensas no han respondido a elementos planteados en el expediente, entre ellos una reunión realizada en el Palacio Nacional en el año 2019, en la que —según la acusación— se habría ordenado buscar fondos, así como la existencia de un lugar denominado “La Casita”, ubicado en el sector Bella Vista, donde presuntamente se recibían esos recursos.
También mencionó la supuesta implementación de un esquema vinculado a los juegos de azar, identificado como “programa” o “proyecto”, mediante el cual, según el Ministerio Público, se distribuían sobornos.
Testigos en el caso
El titular de la Pepca señaló, además, que el expediente incluye el testimonio de Bolívar Ventura, quien —según indicó— reconoció haber entregado más de 1,200 millones de pesos dentro del esquema investigado.
Asimismo, aseguró que en el proceso figuran como testigos personas que habrían sido utilizadas para poner en funcionamiento el mecanismo de recaudación, así como documentación relacionada con los procesos de pago.
“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario para verificar la necesidad de que este proceso sea enviado a juicio”, afirmó.
Actualmente el caso permanece en fase preliminar.
