Parientes, incluso de primer grado, de los oficiales de alto rango condenados el pasado martes también fueron hallados culpables por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mientras otros fueron absueltos de la imputación de estafar al Estado por más de 4,500 millones de pesos.
Entre los familiares de los militares condenados están Lucía de los Santos Viola, hermana del general Julio Camilo de los Santos Viola, y sus suegros Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago. Fueron sentenciados a cinco años de prisión y a multas de 100 y 50 salarios mínimos del sector público. La prisión les fue suspendida bajo condiciones.
A la abogada Onoris Soto De Los Santos, sobrina del general, y a Raymel Pastor del Rosario Viola, primo, se les impuso también cinco y tres años de cárcel, respectivamente, por lavado de activos y testaferrato, sanción que fue igualmente suspendida bajo reglas.
Sin embargo, se declaró no culpables al cuñado Enmanuel Antonio Alba Trinidad. Del mismo modo, el raso Tanner Flete, hijo de Rossy Guzmán (la Pastora), fue declarado no culpable, mientras que su madre fue condenada a 15 años de prisión.
Iglesia Bautista Vida Eterna
Santiago Antonio Suárez Peguero, cuñado del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, fue otro de los hallados no culpables, así como también la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, aunque esta decisión contó con el voto disidente de la jueza Tania Yunes.
Cáceres había aportado 9 de los 12 millones de pesos para la compra del local de la mencionada iglesia en la Zona Universitaria.
El punto más crítico de la disidencia de la magistrada fue la justificación de los 3 millones de pesos que la iglesia supuestamente ahorró a través de su feligresía, de muy pocos miembros y sin dejar rastros del dinero.
Sus compañeras, Esmirna Gisselle Méndez y Jissel Naranjo, concluyeron que no se daban las condiciones para responsabilizar de lavado de activos a la iglesia y tampoco a Suárez Peguero. Guillermo de Jesús Torres Robiou, hermano del exdirector del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), el general Juan Carlos Torres Robiou, fue otro de los que lograron salvarse de una condena en el juicio de fondo.
Su hermano, Juan Carlos, fue enviado a prisión por veinte años, misma pena que recibieron Adán Cáceres y el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, este último señalado como el “cerebro” de la trama que se gestó con los recursos de los contribuyentes.
Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, fue acusada también de testaferrato, cuyo proceso penal, por su edad, fue separado. Fue condenada en un primer juicio, el que la corte anuló y ordenó uno nuevo, en donde se le descargó. Esa última decisión fue apelada por los fiscales.
Además de los generales Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, condenados a 20 años de prisión; Julio de los Santos Camilo Viola, a 15; y Boanerges Reyes Batista, a 10; el tribunal halló también culpables a otros 25 acusados, entre ellos seis empresas, y que incluye al coronel Rafael Núñez de Aza, a quien se le impuso 20 años de cárcel; Rossy Guzmán (la Pastora), sentenciada a 15 años, así como a la exgerente del Banreservas, Esmeralda Ortega Polanco, al mayor de la Policía José Manuel del Rosario Pirón y a la primera teniente de esa institución, Lucía Rodríguez Jiménez, condenados a 10 años, entre otros.
