La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago se reservó para el próximo viernes, a las 2:00 de la tarde, la decisión sobre la medida de coerción contra los implicados en la Operación XL526, acusados de integrar una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos.
El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra los 10 acusados.
- Tras concluir la audiencia, los abogados defensores cuestionaron la acusación.
Aseguraron que las evidencias presentadas por el Ministerio Público son insuficientes para justificar medidas privativas de libertad.
El abogado Elvin Domínguez, representante legal de varios de los imputados, afirmó que las pruebas presentadas son «certificantes, pero no vinculantes», al considerar que no existen testigos directos ni víctimas identificadas que relacionen de manera específica a sus defendidos con los hechos imputados.
“Una prueba vinculante es una víctima que diga quién la estafó, desde qué número la llamaron y que pueda demostrar la transferencia realizada. Aquí no hay nada de eso”, sostuvo el abogado.
Además, calificó de improcedente la imputación por lavado de activos y uso de armas de fuego.
De su lado, el abogado José Reynoso, defensor de otros encartados, aseguró que la acusación presenta debilidades debido a que, según alegó, las supuestas víctimas no están debidamente identificadas.
“Entendemos que con la flojera de la acusación planteada por el Ministerio Público y con dos víctimas que no están identificadas, no se puede sostener el caso como se ha presentado”, expresó.
Acusación
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar presuntamente una organización criminal de carácter internacional con base operativa en el distrito municipal de Jacagua, en Santiago, dedicada de manera sistemática a cometer estafas, chantajes y extorsiones mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Según la investigación del MP, los miembros de la red captaban víctimas a través de anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a amenazas y exigencias económicas.
Para intimidarlas, presuntamente se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales como el denominado “Cartel de Sinaloa” y enviaban imágenes violentas con el propósito de infundir temor.
La acusación señala que los fondos obtenidos ilícitamente eran movilizados mediante criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos y empresas remesadoras, con el objetivo de ocultar su origen y darles apariencia de legalidad.
Procesados
Entre los imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
El Ministerio Público les atribuye violaciones a las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
