El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este miércoles que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue afectado por al menos tres presuntas estructuras de corrupción.
Entre ellas citó la red que operaba en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), un caso recientemente judicializado por el órgano persecutor, cuya medida de coerción contra los imputados fue aplazada para el próximo viernes 19 de junio.
El Ministerio Público solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato. Asimismo, demandan que el caso sea declarado complejo.
Camacho explicó que el expediente judicializado representa apenas una parte del caso y que existen otras líneas investigativas abiertas.
Por esa razón, reiteró que el denominado «Senasa 2.0» sigue siendo una posibilidad real y que incluso podrían surgir nuevas fases del caso.
«Nosotros no estamos convencidos de que un Senasa 2.0 sea suficiente para abarcar todas las personas que han sido involucradas», afirmó el magistrado durante una entrevista en el programa El Día.
En ese sentido, Camacho describió prácticas que calificó de graves, entre ellas el fraccionamiento de medicamentos destinados a pacientes con cáncer.
«Se tomaba un medicamento, se administraba una parte al paciente, se guardaba la otra parte y luego se utilizaba para un segundo o un tercer paciente. Sin embargo, a cada paciente se le cobraba el medicamento completo», precisó.
De igual manera, indicó que en algunos casos se facturaban medicamentos originales mientras a los pacientes se les suministraban versiones genéricas o de menor costo, generando una diferencia económica que presuntamente beneficiaba a la estructura investigada.
Apelarán decisión a favor de exfuncionarios
Wilson Camacho confirmó que apelarán la decisión judicial que favoreció con un auto de no lugar a varios de los imputados en la presunta estafa que sufrió el Estado por más de 19 mil millones de pesos, entre ellos el excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
El funcionario defendió la solidez de la investigación y aseguró que existían suficientes elementos para que las imputaciones fueran conocidas en un juicio de fondo.
Explicó que el expediente se sustentó en varias líneas de investigación relacionadas con expropiaciones de terrenos, pago de deudas administrativas y otros mecanismos que, según la acusación, fueron utilizados para desviar recursos públicos.
Durante la entrevista, Camacho insistió en que la discusión debe centrarse en las pruebas aportadas por el Ministerio Público y reiteró que la apelación será presentada dentro de los plazos legales.
Caso Jean Alain Rodríguez
Wilson Camacho, manifestó que ningún imputado sometido por el órgano acusador ha realizado más acciones para retrasar su proceso judicial que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
«No ha habido un solo imputado de los que nosotros hemos tenido que haya hecho más gestiones para retrasar su caso que Jean Alain Rodríguez«, expresó.
Según el titular de Persecución, la estrategia ha consistido en presentar incidentes de manera reiterada con el objetivo de extender el proceso y eventualmente procurar una extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo.
«Enfrentarse a las evidencias reduce prácticamente a cero la posibilidad de tener ganancia de causa«, manifestó.
Al hacer un balance de la lucha anticorrupción iniciada en 2020, Camacho indicó que el Ministerio Público ha ejecutado 36 grandes operaciones contra estructuras criminales, de las cuales 11 corresponden a casos de corrupción administrativa.
En ese sentido, aseguró que se han producido alrededor de 95 condenas entre personas físicas y jurídicas.
Asimismo, destacó la recuperación de miles de millones de pesos mediante acuerdos de colaboración y decomisos de bienes, recursos que, según afirmó, han sido reintegrados al patrimonio estatal.
