La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la prisión preventiva, de tres meses, al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa.
Valdez Alcántara fue detenido en marzo, razón por la que le correspondía la revisión de dicha medida de coerción.
Durante la audiencia, el imputado dijo a los jueces que no evadiría el proceso penal que se le sigue, si lo favorecían con la variación de la medida que le fue impuesta por la jueza de instrucción especial de la corte, Ysis Muñiz, por el imputado tener jurisdicción privilegiada.
Argumentó que es la persona más interesada en que se aclaren los hechos porque quiere que se limpie su imagen y su reputación, “manchada” con la acusación que se le hace de cohecho, desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la Pepca, Valdez Alcántara formaba parte del equipo de fiscales que investiga la presunta estructura de corrupción en Senasa. Según el órgano acusador exigió el soborno al exgerente de atención al usuario de la ARS estatal, Roberto Canaán Acta.
El imputado, que guarda prisión en Najayo, aseguró también que sus compañeros del Ministerio Público lo acusan de exigir 10 mil dólares al testigo de un caso de corrupción, cuando, según él, esos hechos, que incluye la recepción del dinero, «no han ocurrido».
- Se quejó de que los «problemas personales que un investigador o persona tenga con algún investigado no deben incidir en el proceso» de indagatoria que se realice.
La ratificación de la prisión preventiva fue adoptada por los jueces Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro.
Camacho: No hay forma de negarlo
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reaccionó a lo manifestado en audiencia por Valdez Alcántara, de que se le está acusando «de de cosas que no han ocurrido», afirmando que «no hay forma de negar la imputación.
En audiencia Camacho calificó el soborno por un fiscal como «grave» porque «al funcionario se le exige más que al ciudadano común».
«Este hecho no solamente es grave por la recepción de los sobornos, este hecho es grave por quien recibe el soborno, a los funcionarios se le exige más que al ciudadano común porque nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la ley», dijo Camacho.
