Poco mencionados pero muy relevantes, los inspectores de trabajo son los servidores públicos encargados de garantizar por el cumplimiento de la legislación laboral en la República Dominicana: fiscalizan las empresas a través de visitas espontáneas y velan por la protección de los derechos de los trabajadores.
A medida que el país se ha desarrollado y el tejido empresarial ha crecido, el personal que realiza este trabajo ha ido escaseando, lo que limita la capacidad de supervisar y dar seguimiento caso por caso.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, lo reconoce y estima cuántas personas necesitan ser reclutadas para prestar un servicio más ágil que ahora. “Realmente, necesitamos 375 inspectores”, manifestó. En la actualidad, solo hay 194 personas que desempeñan esta labor, algunos de ellos activos desde la aprobación del Código de Trabajo, en el 1992.
Según explicó el incumbente durante una visita a Diario Libre, la cantidad de inspectores de trabajo que realmente ofrecen el servicio es muchísimo menor por varias razones:
- El 67 % tiene más de 60 años
- El 20 % está en proceso de adquirir su pensión
- El 15 % está de vacaciones por antigüedad
- El 66 % tiene alguna condición de salud
- El 40 % reside en lugares distantes y con movilidad limitada para trasladarse a otras demarcaciones.
Esto, tomando en cuenta que la gestión de Olivares también ha desvinculado a algunos inspectores tras hacer un levantamiento que buscaba corregir malas prácticas.
“Solo el 16 % presta servicios de inspección a nivel nacional real. Estamos hablando de que solo unos 50 inspectores trabajan en todo el país”, aseveró.
El ideal
Aunque el Ministerio de Trabajo aspira a la contratación de un mínimo de 375 inspectores para suplir la presente escasez, un estudio realizado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en el país determinó que lo ideal sería que el Estado cuente con un inspector laboral por cada 10,000 trabajadores.
“Tomando en cuenta los parámetros, necesitaríamos llegar a 375 inspectores como mínimo, pero eso tendría una cobertura de 0.69 trabajadores por cada 10,000 ocupados. Menos de uno”, observó.
El proceso
Olivares Ortega aseguró que la institución ha estado coordinando con el ministro de Hacienda para conseguir los recursos que se necesitarían para aumentar la matrícula de inspectores.
Al ser un oficio rotativo entre varias demarcaciones– no necesariamente cercanas–, sin viáticos y sin transporte para poder movilizarse, también existe la intención de aumentar el salario de los que permanecen trabajando. Abogados de profesión, los inspectores laborales devengan un promedio de 70,000 pesos.
El presupuesto adicional –cuyas cifras aún están bajo análisis– también se utilizaría para una reestructuración de la labor de inspectoría a nivel nacional. Olivares detalló que se prevé la conformación de cinco grandes regionales, que asumirían la dirección dentro de su zona, coordinando el trabajo de las oficinas municipales.
Asimismo, se procurará que la rotación sea dentro de la misma región –y no en cualquier demarcación como en la actualidad–, lo que facilitaría el seguimiento y la supervisión a las labores de las empresas. “El propósito es que, en cada provincia, podamos colocar un inspector nativo”, enfatizó.
La contratación
El funcionario precisó que la institución acaba de nombrar por contrato a tres inspectores de trabajo, y que cuentan con la autorización del Ministerio de Administración Pública (MAP) para contratar a otros 20 inspectores –tanto de manera directa como por concursos– en tanto la institución cuente con los recursos para hacerlo.
Aunque la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo) alegó que el Ministerio de Trabajo estaría incurriendo en una violación al Convenio 81 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por la contratación de inspectores a través de concursos directos, este instrumento no impone un mecanismo específico de reclutamiento.
La contratación, según señala el organismo en su artículo 7 “debe basarse únicamente en las aptitudes del candidato”, siendo la autoridad competente la que define cómo comprobarlas. “Cada país organiza su sistema de inspección conforme a su legislación administrativa”, señaló Olivares Ortega al respecto.
Asimismo, el incumbente puntualizó que la Ley 41-08 de Función Pública reconoce los cargos temporales o transitorios, la contratación de personal directo y cargos fuera de la carrera administrativa como igual de válidos a la contratación mediante concursos públicos.
El ministro de Trabajo aseguró que el principal reto que asumirá su gestión es el de tomar acciones que contribuyan a seguir reduciendo la tasa de informalidad –que cerró en 54.1 % en el 2025, según el Banco Central– para llevarla a un mínimo de 50 % para los próximos tres años.
Para ello se están enfocando en incentivar la formalización de sectores como las trabajadoras domésticas –con el reconocimiento de un salario de 13,000 pesos como mínimo, de acuerdo al Comité Nacional de Salarios–, y la meta de formalizar a 100,000 trabajadoras de bancas de loterías en los próximos meses.
Otro sector clave es el de la construcción, en el que los niveles de formalidad apenas rondan el 8 %.
