La miembro del Consejo Nacional y excoordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró este martes que la decisión que favoreció con un auto de no ha lugar a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta pone de manifiesto desafíos que persisten en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, particularmente en el ámbito judicial.
Tras participar en la visita de la presidenta de Surinam al Congreso, afirmó que el caso vuelve a poner sobre la mesa interrogantes sobre los obstáculos que enfrenta el país en el combate a la corrupción.
En ese sentido, planteó dudas sobre el origen de las situaciones que han surgido durante el conocimiento de estos procesos judiciales.
«No sabemos si son los expedientes, cómo se elaboran, o si es la percepción al momento de una decisión que toma el tribunal», expresó.
Pese a esas observaciones, Blanco insistió en que la decisión no elimina los avances alcanzados dentro del proceso judicial y dijo que por lo menos hubo “un avance parcial” ya que otros exfuncionarios sí fueron enviados a juicio de fondo.
La excoordinadora destacó que el principal imputado, el exministro Donald Guerrero, continuará enfrentando el proceso judicial, al igual que la mayoría de los acusados incluidos en el expediente.
La decisión judicial
Al reaccionar a la decisión emitida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Blanco sostuvo que, aunque en el proceso se han producido avances importantes, estos continúan siendo parciales.
La representante de la organización de la sociedad civil señaló que desde el inicio se tenía conocimiento de que había más personas involucradas en el entramado investigado. Sin embargo, recordó que la magistrada decidió dictar un auto de no ha lugar a favor de Castillo y Peralta.
Blanco indicó que el Ministerio Público anunció que apelará la decisión, algo que, a su juicio, está en su derecho de hacer como representante de la sociedad dominicana.
No obstante, afirmó que el caso vuelve a poner sobre la mesa interrogantes sobre los obstáculos que enfrenta el país en el combate a la corrupción.
El no ha lugar
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó el viernes un auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al concluir que no existía responsabilidad penal en su contra y que las pruebas presentadas no sustentaban una acusación que justificara la apertura de un juicio de fondo.
En la misma decisión, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, al considerar que los señalamientos formulados por el Ministerio Público en su contra deben ser examinados en una nueva etapa del proceso.
Junto a Guerrero también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril.
