El abogado Félix Portes denunció lo que califica como una persecución penal viciada contra el ciudadano Yanger Bello Bautista, quien permanece privado de libertad desde hace más de dos años por una acusación que se conoce ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Azua.
Portes, defensa de Bello Bautista, afirma que el Ministerio Público sostiene una acusación que ya ha sido desestimada en tres ocasiones anteriores, lo que, a su juicio, evidencia un ejercicio de la acción penal carente de sustento y reñido con su finalidad legítima.
Bello Bautista fue descargado el año pasado de una acusación de homicidio y en esta ocasión, según su representante legal, es procesado por supuestamente incautársele marihuana, en violación a la Ley 50-88 sobre drogas.
La audiencia para conocer cese de plazo de la prisión
Portes explica que el punto más grave ocurrió en la audiencia del 25 de mayo de 2026, convocada para conocer la solicitud de cese de prisión preventiva por vencimiento del plazo máximo y que en lugar de resolverse la ilegalidad de la privación de la libertad, el tribunal —presidido por el magistrado Camilo Segura Peña— suspendió el conocimiento del cese y lo reprogramó para el día 10 de junio de este año 2026, que es la la misma fecha fijada para el juicio de fondo.
“Fijar el cese para el día del fondo es vaciar de contenido la petición: equivale a negarla sin decirlo (…) Un proceso no puede mantener a una persona privada de libertad por más de dos años y luego neutralizar su única vía de excarcelación. Eso no es administrar justicia”, se quejó.
Recusó al juez
Ante la actuación del juez, el abogado de Yanger Bello Bautista dijo que interpuso formal recusación contra el magistrado Camilo Segura Peña, a quien imputó de abandonar su rol de tercero imparcial. El incidente fue remitido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal.
La defensa advierte además que —por estas y otras conductas observadas en audiencias anteriores del mismo proceso, evalúa interponer una querella disciplinaria ante la autoridad competente, a fin de que se examine la actuación del magistrado conforme a las normas que rigen la función judicial.
“La libertad de una persona no puede quedar atrapada entre la inacción de un tribunal y el empeño de una acusación que no se sostiene”, concluyó Portes Núñez.
Dijo confiar en que la Corte de Apelación restablezca el debido proceso, el plazo razonable y la tutela judicial efectiva de su representado.
