El teléfono suena. Son las 10:42 de la noche de un domingo en Santo Domingo. Al otro lado de la línea, la respiración agitada de una mujer se corta de golpe intentando pedir ayuda. Escenas similares se han repetido durante los últimos cinco años donde cada 10 minutos, en promedio, las centrales de emergencia del Estado reciben una llamada por un caso de violencia doméstica.
Detrás no hay un episodio aislado, sino un patrón persistente que las propias estadísticas oficiales intentan dimensionar, pero que la burocracia estatal termina fragmentando entre vacíos de información, deficiencias de articulación y limitadas capacidades de prevención frente a las agresiones contra las mujeres.
Entre 2020 y 2025, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 registró 329,890 llamadas por violencia doméstica en la República Dominicana, una cadena que, al ritmo cotidiano del país, equivale a unas 150 alertas diarias, más de seis por hora y una cada nueve minutos y medio.
Aunque las instituciones utilizan clasificaciones distintas —violencia doméstica, intrafamiliar o violencia de género— y sus sistemas no necesariamente registran idénticos tipos de incidentes, los datos permiten identificar un mismo patrón: miles de mujeres y familias recurren cada año a las líneas de emergencia del Estado en contextos de agresión dentro del entorno íntimo o familiar.
El reloj del miedo
Los datos del 9-1-1 revelan que la violencia también tiene horarios y días específicos.
Los registros históricos del sistema muestran que los mayores picos de llamadas por violencia doméstica se concentran entre las 10 y 11 de la noche, siendo los domingos como el día de mayor incidencia de emergencias relacionadas con este tipo de agresión.
La Línea *212 y su trazabilidad
Es en la transición entre la emergencia y el seguimiento especializado donde aparecen las principales limitaciones de trazabilidad del sistema. Aunque tanto el 9-1-1 como la Línea *212 reciben llamadas de auxilio, la línea del Ministerio de la Mujer —creada para ofrecer acompañamiento psicológico, orientación legal y asistencia especializada— opera en una dimensión menor.
Las estadísticas consolidadas de la institución entre 2020 y 2025 reflejan esa diferencia. Frente a las 329,000 llamadas procesadas por el sistema de emergencias, la Línea *212 acumuló 43,142 en el mismo periodo. El contraste no implica necesariamente que todas las alertas del 9-1-1 deban convertirse en expedientes formales o seguimientos especializados.
El Ministerio de la Mujer reconoce que carece de una serie histórica consolidada de su línea de ayuda con variables esenciales para identificar cuáles son los meses más críticos, qué días de la semana concentran más llamadas de auxilio ni en qué horarios las mujeres buscan ayuda con mayor frecuencia, entre otras.
Las consecuencias trascienden a lo metodológico. En un país donde una mujer pide ayuda aproximadamente cada 10 minutos, la fragmentación de los registros reduce la capacidad institucional para identificar señales tempranas de violencia letal, reconocer ciclos repetitivos de agresión y anticiparse al peligro antes de que la violencia escale hacia escenarios más graves.
Mesas técnicas frente al reloj
El Ministerio de la Mujer informó que desde enero del 2026 comenzó a articular, junto al 9-1-1, la Policía Nacional y el Ministerio Público, un proceso integral para mejorar la interoperabilidad y trazabilidad de los datos relacionados con violencia de género e intrafamiliar.
Pero mientras las instituciones redactan protocolos y firman acuerdos para unificar plataformas y los sistemas, el reloj sigue corriendo ajeno a la burocracia. En lo que tomó leer estas líneas, los 10 minutos transcurrieron de nuevo. En algún lugar del mapa, el teléfono volvió a timbrar, otra respiración se cortó al teléfono.
Detrás de cada llamada al sistema de emergencias también se activa una maquinaria policial y judicial que opera en tiempo real.
Entre 2020 y 2025, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) de la Policía Nacional recibió 51,437 órdenes de arresto y ejecutó 38,087 vinculadas a agresores de violencia de género, además de acompañamientos, rescates, traslados y acciones de protección para víctimas y menores de edad.
Pero incluso dentro de las estadísticas policiales aparecen inconsistencias en este mapeo de auxilio telefónico, sin explicar.
Los registros de la Deamvi muestran que en el 2015, la Policía Nacional documentó 24 denuncias vía telefónica relacionadas con violencia de género e intrafamiliar. Sin embargo, apenas un año después, la cifra cayó a solo 13 casos, hasta prácticamente desaparecer de los informes posteriores.
La diferencia resulta drástica para interpretarse únicamente como una reducción real de llamadas. Más bien apunta a cambios metodológicos, fallas de sistematización o modificaciones internas en la manera de registrar las denuncias telefónicas, dejando parte del historial de auxilio atrapado en otro vacío.
