Los voceros de los principales bloques partidarios en la Cámara de Diputados coincidieron ayer en que el reglamento emitido por la Junta Central Electoral (JCE) sobre la prohibición de las encuestas electorales podría volver a discutirse o revisarse, aunque fijaron posiciones distintas sobre el alcance y la legalidad de la medida.
El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, defendió la institucionalidad de la JCE y sostuvo que toda decisión puede ser objeto de revisión si el órgano electoral así lo considera.
“Bueno, toda acción está sujeta a revisión. Al final, si la Junta entiende que erró, pues toca hacer las consideraciones de lugar”, expresó Díaz, quien además llamó a evitar cuestionamientos que, a su juicio, puedan desacreditar a la institución.
El legislador oficialista afirmó que la JCE es un órgano constitucional encargado de organizar las elecciones nacionales y consideró que debe recibir un “voto de confianza”.
De su lado, el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, señaló que la Junta tiene potestad regulatoria otorgada por la Constitución, las leyes y los propios partidos políticos para regular la publicación de las encuestas, pero indicó que el tema podría que volver a discutirse entre las organizaciones políticas.
“Lo que puede surgir de aquí en adelante es un proceso de conversación, es un proceso que va a tener que ser discutido entre los partidos nuevamente y entonces que se tome la decisión final”, manifestó.
Castillo recordó que el reglamento emitido por la JCE es el resultado de discusiones previas entre los partidos que integran el sistema político.
Medida ilegal
Mientras que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, cuestionó la legalidad de la medida y afirmó que un reglamento no puede sustituir lo establecido por la ley o la Constitución, por lo que también sugirió una nueva revisión de la orden.
“La Junta Central Electoral, en la persona de Román Jáquez, se equivocó porque un reglamento no puede sustituir una ley y mucho menos lo que establece la Constitución”, expresó.
Sánchez consideró que cualquier modificación sobre la publicación de las encuestas corresponde al Congreso Nacional y vinculó la decisión de la JCE con el escenario político y los resultados de encuestas recientes sobre la valoración de los partidos que, como dijo, posicionan al PLD con una militancia en crecimiento.
El dirigente peledeísta también sostuvo que la Junta debería enfocarse en fiscalizar otras actividades políticas que, según afirmó, están prohibidas por la ley, como algunas promociones en vallas publicitarias.
El reglamento
Aunque ahora los voceros partidarios piden una nueva revisión de la reglamentación emitida por la JCE, durante la audiencia del órgano comicial con los partidos para discutir la reglamentación, la mayoría estuvo de acuerdo con frenar la publicación de encuestas en el momento actual.
La normativa, publicada oficialmente el 22 de mayo, establece que las encuestadoras que divulguen estudios antes del inicio formal de la precampaña podrán ser suspendidas entre seis meses y un año o perder definitivamente su registro en caso de reincidencia.
La decisión del órgano electoral choca directamente con la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, que establece la prohibición de divulgar encuestas solo ocho días antes de las elecciones.
